Finalmente el Tribunal Constitucional (TC) español suspendió, por unanimidad, la consulta que había sido convocada por el gobierno de Canarias para el próximo día 23 al admitir a trámite el recurso del gobierno español que se excusa en que "invade" competencias del Estado. De aquí en adelante, el TC tiene cinco meses para pronunciarse sobre el fondo del asunto.
Estos actos, la presentación del recurso y su admisión por parte del TC, suponen la negación a que el pueblo canario se exprese sobre un asunto que le concierne directamente y que afecta a su bienestar futuro y a los derechos sobre sus aguas así como al derecho a un medioambiente sano. Supone un ninguneo a la opinión de la ciudadanía que habita en el Archipiélago que tiene derecho a decidir sobre su modelo económico y sobre su territorio, tierras y aguas, así como sobre su modelo energético, parte fundamental del económico.
El accionar del estado español, en el que la división de poderes resulta inexistente ante la intención manifiesta de expoliar unos recursos con un desprecio absoluto a los riesgos que conlleva, muestra a las claras la situación de Canarias, en comparación con territorios del levante español en los que sí se respeta su opinión. El modelo español de explotación del Archipiélago, de sus tierras y aguas, sigue adelante dejando tras de sí un rastro de pobreza, degradación ambiental y creciente dependencia económica ante el que la ciudadanía canaria no debe sino oponerse con la fuerza de los argumentos y la unidad ante la agresión exterior.
Esta decisión de las instituciones españolas, garantes de la cuenta de resultados de las grandes corporaciones como Repsol, no debe dar lugar a desánimo, sino al contrario, a una renovada ilusión por avanzar en el camino del autoreconocimiento y la defensa de nuestros derechos.
