GARANTÍA, ¿PARA QUIEN?

En estos días se tramita en el Congreso español la Ley de Garantía del suministro e incremento de la competencia en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares. Esta ley afecta directamente a Canarias, así como a otros territorios como Ceuta y Melilla y el archipiélago mediterráneo de Baleares.

Esta Ley favorece, por ejemplo, el uso de técnicas altamente agresivas con el medio natural como es el fracking o fracturación hidráulica por el que se inyecta agua mezclada con otros componentes como arena para aumentar las grietas subterráneas y con ello emerja con mayor facilidad el gas o petróleo. También puede usar elementos como uranio. De este modo facilita no sólo contaminar gravemente los fondos marinos sino además desestabilizarlos con los riesgos que conlleva. Esto resulta doblemente grave teniendo en cuenta los sondeos de Repsol que pretende imponer el PP.

Por otro lado, no le da impulso a las energías renovables, en la línea de seguir favoreciendo a las energías fósiles y las empresas del oligopolio eléctrico que sufrimos doblemente en Canarias con el mercado cautivo para Endesa. Siendo Canarias un territorio que podría desarrollar enormemente las energías renovables resulta indignante que el gobierno español siga bloqueando el desarrollo de las mismas y es muestra de la falsa autonomía que hay en Canarias, donde no podemos regular libremente nuestro sector eléctrico y no estar sometidos a políticas ajenas que responden a intereses ajenos.

Se hace hincapié, también, en resolver el denominado déficit tarifario mediante, en gran medida, una subida de tarifas que asfixia a las economías familiares y que en el último "regalo" subió un 3,2% teniendo una subida acumulada del 70% en seis años. Resulta chocante que se hable de este déficit cuando los beneficios de las empresas del oligopolio eléctrico español alcanzaron el 6,78% el año pasado duplicando lo obtenido por las empresas eléctricas de la media europea.

Finalmente esta ley, como otras que va aprobando el PP y satélites, atacan las escasísimas competencias que tiene Canarias lo que muestra, una vez más, la debilidad de la supuesta autonomía. Por ello, la garantía más bien parece para los beneficios de los oligopolios eléctricos y su control sobre los mercados cautivos, en nuestro caso de Canarias.