Tras una excedencia forzosa
con derecho a reserva del puesto de trabajo para incorporarse a un proyecto de
cooperación internacional al desarrollo, una trabajadora es despedida por Radio
ECCA en el año 2009. Así empieza una historia de cuatro años de lucha de
alguien dispuesta a defender sus derechos laborales. Desde entonces hasta hoy,
si echamos la vista atrás, podremos constatar el retroceso que hemos sufrido
los/as trabajadores/as en nuestros derechos.
Las últimas reformas en materia
laboral, junto a otras normas recientes, como el “tasazo judicial”, han hecho
que se convierta en una auténtica aventura, cuando no temeridad, el que un/a
trabajador/a “se atreva” a pedir el reconocimiento de un derecho.
Mientras que en el caso que nos
ocupa no hubo que pagar ni para interponer la demanda de despido ni en los sucesivos
recursos realizados por la empresa (Juzgado de lo Social, Tribunal Superior de
Canarias y Tribunal Supremo), en el momento actual habría que haber dispuesto,
sólo en concepto de tasas judiciales, de más
de 1200 euros, cantidad difícil de asumir para alguien que, de la noche
a la mañana, se queda sin empleo.
Al margen de las tasas
judiciales, el aumento de las causas de
despido procedente, libre y “cuasi gratuito” además de precarizar las
relaciones laborales, reduce drásticamente la posibilidad de que el/la
trabajador/a consiga hacer valer sus derechos. En nuestro caso, por ser
anterior a la última reforma laboral, Radio ECCA al despedir de manera
improcedente se vio obligada a pagar 45 días por año trabajado en concepto de indemnización así como los salarios de
tramitación. Por el contrario, en estos momentos, tras la última reforma
laboral, al desaparecer los salarios de tramitación, si el empresario asume la
ilegalidad y pone a disposición del/a despedido/a la indemnización, esto le
resulta mucho más barato. Así, para Radio ECCA, despedir a una trabajadora con
8 años de antigüedad, en el año 2009, le ha supuesto un coste de 48.000 € (dejando
aparte los pagos a la seguridad social) frente a otro despido, tres años más
tarde, de otra trabajadora con más de 30 años de antigüedad que apenas le ha
costado 30.000 €, acogiéndose al actual despido motivado por previsión de
pérdidas en la producción.
Hay que señalar, además, que en
el caso que nos ocupa se trata de una empresa privada financiada con fondos
públicos que, justo en el año que cumplía los cuarenta de existencia, incorporó
a su práctica habitual los despidos.
En una época de recortes en los
servicios públicos, especialmente en educación-ámbito en el que esta entidad
desarrolla su actividad- con lo que Radio ECCA ha dedicado en los últimos cinco
meses a indemnizaciones por despidos se podrían pagar más de 40.000 almuerzos
en los comedores escolares (según José Miguel Pérez, la Consejería de Educación
gasta una media de 1,90 € en ayudas parciales o totales al alumnado que asiste
a los comedores)
Las cifras aquí mencionadas son
sólo una parte de las cantidades destinadas por una entidad privada –supuestamente-
sin ánimo de lucro, y financiada con fondos públicos al pago de despidos. Con
los fondos destinados por la Consejería de Educación a financiar centros
educativos privados y/o concertados, ¿cuántas bajas de profesores/as en los
centros públicos se podrían cubrir sin esperar los 15 días actuales?
¿cuántos/as profesores/as interinos/as, que este curso están desempleados/as,
se podría haber contratado sin necesidad de aumentar las ratios en las
aulas?¿cuántos recortes se podrían haber evitado en la educación pública?
Mientras que la Consejería de
Educación de Canarias siga destinando 383,88 euros por alumno/a al año en los
centros concertados y sólo 147,43 euros en los centros públicos, la lucha por
la educación pública, gratuita y de calidad, de todos/as y para todos/as,
seguirá siendo un objetivo urgente.
Ángeles Moreno Herrera.
29 de abril de 2013.
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