ENERGÍAS RENOVABLES SÍ

El gobierno español del PP ha mostrado claramente su política energética desde que ganó las elecciones de noviembre de 2011. Esta política pasa por favorecer a las compañías eléctricas aumentando las tarifas y bloqueando el desarrollo de las energías renovables por medio de la eliminación de las primas. Todo ello para solventar el "déficit tarifario". Es decir, favorecen el aumento de la tasa de ganancia de los lobbys eléctricos con esa excusa, mientras se sangra a las clases populares, además de bloquear las energías renovables con el mantenimiento de la dependencia externa, la contaminación de la atmósfera y el mantenimiento de los mercados cautivos que supone. Tampoco el PSOE hizo gran cosa, por no decir nada. Renunciaron a un ambicioso plan de energía renovable que hubiera supuesto la creación de un millón de puestos de trabajo estables, por la presión de las eléctricas. Al fin y al cabo, ambos partidos son dos caras de la misma moneda, la que defiende los intereses del capital por encima de todo. Esta renuncia supuso además un doble efecto. No se aprovechó el superávit en las cuentas estatales para crear una nueva base económica en la que las energías renovables hubieran tenido un importante papel y se mantuvo la opción del negocio rápido y fácil, hasta que reventó la burbuja. Si se hubiera creado esta base, o al menos se hubieran establecido los cimientos para la misma, quizás la crisis no hubiera golpeado tan fuerte. En Canarias, el mercado cautivo y la obstrucción constante a las renovables, da lugar a un escaso desarrollo de las mismas, en un territorio con amplias potencialidades. La desidia y la corrupción frenan el desarrollo, así como las presiones de los que mandan. Es necesario reclamar con fuerza el desarrollo de las energías renovables en Canarias. No solamente mediante la presión a las instituciones sino también mediante la creación de instrumentos políticos que respondan a los intereses de las mayorías. Ya llevamos muchos años de ceder la soberanía popular a los testaferros de los poderes económicos. Es posible, mediante la participación ciudadana, no solo influir en las decisiones de las instituciones, sino construir nuevas alternativas y aplicarlas.