La semana pasada el Gobierno de Canarias anunció la convocatoria de una consulta ciudadana sobre las prospecciones petrolíferas con la pregunta: "¿Está usted de acuerdo con las prospecciones de petróleo autorizadas a la multinacional Repsol frente a las costas de nuestras islas?.
Esta convocatoria nos parece adecuada porque es fundamental que la ciudadanía canaria pueda expresarse y decidir sobre una cuestión que le afecta directamente. El empeño por parte del gobierno español, abanderado en este caso por el ministro Soria, de realizar las prospecciones a pesar del rechazo de amplios sectores de la sociedad canaria requiere que se consulte a la población de las islas, a expresar su opinión y que se tenga en cuenta, desde luego. Un más que probable vertido afectaría gravemente a, no sólo la economía de las islas y el turismo, sino a su medioambiente, a la fauna marina y a la capacidad de desalación. Es necesario recordar que Fuerteventura y Lanzarote dependen en un 100% del agua desalada y Gran Canaria en un 70%. Por todo ello es fundamental una consulta.
Las primeras reacciones del gobierno español y el PP en Canarias han sido de rechazo al referéndum. No deberían temer a la expresión de la voluntad ciudadana ya que en un sistema democrático es fundamental, a no ser que no deseen un sistema democrático en el que las decisiones de calado, las que pueden afectar a la vida de centenares de miles de personas y al medio natural que las acoge, sean tomadas por todas y todos y no por una minoría que defiende intereses particulares.
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